Procuraduría inicia indagación sobre retención de militares en Guaviare y refuerza atención a víctimas uniformadas del conflicto
Civiles retuvieron a dicha cantidad de oficiales en contra de su voluntad
La Procuraduría General de la Nación abrió una línea de investigación en torno a la retención de 33 integrantes de la Fuerza Pública ocurrida en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, Guaviare. El caso, que se extendió por más de tres días y fue protagonizado por una comunidad que exigía explicaciones tras un operativo militar, está siendo documentado por el Ministerio Público como parte de sus competencias de vigilancia y control.
Los uniformados, entre ellos soldados del Ejército y miembros de la Armada Nacional, permanecieron retenidos por más de 600 personas que alegaban un presunto exceso de fuerza durante combates ocurridos días antes, en los que murieron al menos 12 miembros de grupos armados ilegales, de acuerdo con reportes oficiales. Durante esos mismos enfrentamientos, un civil habría perdido la vida, lo que detonó la reacción de la comunidad.
En el marco de la toma de declaraciones a los militares liberados, la Procuraduría delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz comenzó la recolección de información relacionada con el caso, para determinar posibles responsabilidades disciplinarias o hechos que ameriten apertura formal de procesos.
Otros hechos similares
Además del análisis específico de la situación en Guaviare, el organismo de control viene consolidando datos sobre hechos violentos contra integrantes de la Fuerza Pública en distintos departamentos del país. Entre enero y julio de 2025 se han registrado 710 acciones delictivas contra uniformados, concentradas principalmente en Norte de Santander, Antioquia y Cauca.
El seguimiento incluye un aumento en el uso de medios no convencionales como drones con explosivos, con un total de 513 afectaciones reportadas en 15 departamentos, siendo Cauca la zona con mayor número de incidentes.
Paralelamente a la indagación por los hechos en Guaviare, la Procuraduría anunció que está ajustando una hoja de ruta para incorporar a cerca de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública, identificados como víctimas del conflicto armado, dentro de los mecanismos de reconocimiento, reparación y garantías de no repetición.
La Defensoría del Pueblo, presente en la zona durante los diálogos que permitieron la liberación de los militares, pidió evitar estigmatizaciones generalizadas hacia las comunidades rurales involucradas, advirtiendo sobre la complejidad del contexto territorial en el que ocurrieron los enfrentamientos.
La Procuraduría, en su rol preventivo y disciplinario, continúa recopilando testimonios e información documental para evaluar la actuación de los distintos actores institucionales durante el incidente, así como las condiciones de seguridad y derechos humanos de los uniformados involucrados. La actuación aún se encuentra en etapa preliminar.
