¿Puede el Gobierno radicar de nuevo la consulta ante el Senado?
Este 14 de mayo los congresistas la hundieron en medio de un tenso debate que terminó en alteración del orden público dentro del capitolio
El Senado de la República rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro para realizar una consulta popular con 12 preguntas relacionadas con sus reformas. Con una votación reñida, 49 senadores se opusieron frente a 47 que la apoyaron. Pese a la derrota, el mandatario anunció que volverá a radicar el mismo proyecto, esta vez con una pregunta adicional sobre salud, y advirtió que el nuevo intento contará con respaldo desde las calles si así lo deciden las asambleas populares.
Petro, en una alocución posterior, acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de liderar un supuesto fraude en la votación, aunque no presentó pruebas. También convocó a la ciudadanía a ejercer presión desde la movilización social, apelando al derecho a la huelga como expresión legítima del constituyente primario.
Centrales obreras están atentas para ir a las calles
Las centrales obreras respondieron de forma dividida: mientras la CUT declaró estar “en pie de alerta” y dispuesta a seguir en las calles, la CGT se distanció del discurso de confrontación y abogó por el diálogo como vía para sacar adelante una reforma laboral equilibrada.
Desde el punto de vista legal, el presidente puede insistir en la iniciativa tantas veces como lo desee, ya que la ley no establece un límite para la radicación de consultas populares. Además, el Gobierno podría apelar la decisión del Senado según lo estipula el artículo 20 de la Ley 1757 de 2015.
Sin embargo, más allá del marco jurídico, la discusión se traslada al terreno político: sin una mayoría estable en el Congreso y con una mesa directiva adversa, liderada por un crítico como Cepeda, el avance de la consulta sigue en vilo. Incluso si logra ser aprobada, el camino hacia su implementación sería complejo, pues el mecanismo exige una participación mínima de 13,6 millones de votantes y mayoría simple para que sea vinculante. El Gobierno deberá evaluar si insiste o si reconfigura su estrategia para impulsar sus reformas.
