Durante una reciente audiencia judicial, el ente investigador expuso cómo se habría planificado el ocultamiento del cuerpo de la joven tras su asesinato en la capital del Valle del Cauca. Las diligencias se centran ahora en determinar el grado de responsabilidad de los presuntos cómplices que intervinieron en la escena del crimen.

El proceso judicial que busca esclarecer la muerte de María Camila Potosí y su bebé ha sumado nuevos elementos probatorios en los estrados. En el marco de las diligencias preliminares, un delegado de la Fiscalía General de la Nación presentó una reconstrucción detallada de los eventos posteriores al homicidio, centrándose en las maniobras ejecutadas para trasladar y ocultar los restos de la víctima en las afueras de la ciudad de Cali.

De acuerdo con la información expuesta en la audiencia y documentada inicialmente por medios como Blu Radio, el crimen no solo involucró a quien perpetró el ataque directo con el propósito de extraer al bebé de la joven, sino que requirió de una coordinación posterior entre varios sujetos. Estos individuos habrían acudido al lugar de los hechos con el objetivo específico de alterar la escena y deshacerse del cuerpo para dificultar la labor de las autoridades judiciales.

El papel de los presuntos cómplices en el ocultamiento

La reciente diligencia judicial estuvo enfocada en la situación jurídica de Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, quienes fueron capturados por su presunta colaboración tras consumarse el asesinato. Según la hipótesis manejada por el ente investigador, ambos hombres asumieron roles definidos para gestionar el desplazamiento del cadáver durante las horas de la noche, aprovechando la baja visibilidad para evitar ser detectados por los vecinos del sector o por las patrullas de vigilancia.

Los elementos materiales probatorios sugieren que la intervención de terceras personas fue determinante para retirar el cuerpo del inmueble donde ocurrió el ataque. Posteriormente, los implicados habrían trasladado los restos hasta una zona boscosa en jurisdicción de la capital vallecaucana. Este tipo de conductas son investigadas bajo las figuras de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos contemplados en el Código Penal colombiano.

Elementos clave expuestos en la diligencia judicial

• Intervención múltiple: La investigación señala que varias personas llegaron al sitio del homicidio después de que se cometiera el crimen principal.
• Logística nocturna: El traslado de los restos se organizó en horario nocturno para minimizar el riesgo de ser descubiertos por las autoridades.
• Distribución de tareas: El fiscal del caso describió funciones específicas asumidas por cada uno de los procesados, desde la manipulación de la escena hasta el transporte hacia el área rural o boscosa.
• Engaño previo: Las pesquisas preliminares también apuntan a que una mujer habría conducido a la víctima hacia el lugar de los hechos mediante engaños, un aspecto que sigue bajo verificación.

Avances en la investigación y contexto institucional

El caso ha generado una amplia movilización por parte de los cuerpos de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En este tipo de procesos, los protocolos forenses resultan fundamentales para corroborar los tiempos de desplazamiento y la participación de cada implicado. Los análisis periciales, apoyados en directrices técnicas del Instituto Nacional de Medicina Legal, permiten contrastar los relatos obtenidos en los interrogatorios con las evidencias físicas halladas tanto en la escena primaria como en el lugar de abandono del cuerpo.

Por su parte, la administración municipal, a través de las dependencias de seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali, ha reiterado en diversos escenarios la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de cámaras de vigilancia para reconstruir las rutas utilizadas por los presuntos responsables en casos de alta complejidad penal.

Las audiencias concentradas continúan desarrollándose ante un juez de control de garantías, quien deberá evaluar la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal para definir las medidas de aseguramiento correspondientes. Mientras avanza el proceso penal, se recuerda que toda persona vinculada a una investigación judicial goza de la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo condenatorio en firme por parte de un juez de la República.