El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ampliará el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI) con el propósito de garantizar la continuidad en la asignación de subsidios estatales. Esta medida asegura que la oferta social del Estado colombiano siga operando mediante la metodología del Sisbén hasta el 31 de julio de 2027.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encuentra preparando un proyecto de decreto que extenderá la etapa de transición desde el esquema actual de focalización socioeconómica hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI). Según los lineamientos gubernamentales, el mecanismo tradicional del Sisbén continuará funcionando como la herramienta técnica para clasificar a la población y asignar las transferencias monetarias y asistenciales hasta el 31 de julio de 2027.

Esta prorroga busca proporcionar estabilidad jurídica e institucional al sistema de asistencia social en todo el territorio nacional. Al mantener el marco regulatorio vigente, las autoridades garantizan que los hogares vulnerables continúen percibiendo los apoyos económicos estatales sin sufrir interrupciones derivadas del proceso de actualización tecnológica y administrativa.

Razones de la prórroga técnica entre el Sisbén y el RUI

La adopción del Registro Universal de Ingresos representa una transformación de gran escala en la medición de la capacidad socioeconómica de los ciudadanos. A diferencia de las encuestas presenciales que estructuran el Sisbén IV, el RUI se consolidará mediante la integración de registros administrativos provistos por entidades públicas y financieras, junto con la declaración directa de ingresos por parte de los hogares.

De acuerdo con la información institucional del Departamento Nacional de Planeación, la sincronización de bases de datos tributarias, laborales, catastrales y bancarias requiere una fase prolongada de pruebas operativas e interoperabilidad. La extensión fijada para mediados de 2027 otorga el margen necesario para cruzar la información con precisión, depurar incoherencias y prevenir errores de inclusión o exclusión en las listas de beneficiarios.

El objetivo de largo plazo consiste en migrar progresivamente de un sistema basado en la presunción de pobreza por condiciones de vivienda a un modelo fundamentado en los ingresos reales percibidos, en alineación con las recomendaciones internacionales para la optimización del gasto social.

Impacto en la asignación de programas sociales e incentivos

Durante los años adicionales de transición, la focalización de la oferta social continuará agrupándose bajo la clasificación por letras (A, B, C y D) del Sisbén IV. Esta metodología se aplicará tanto para los subsidios vigentes como para la formulación de nuevas políticas públicas a cargo del Departamento para la Prosperidad Social y de los ministerios ejecutores.

Entre los programas estatales que mantendrán sus reglas operativas habituales destacan:

• Renta Ciudadana: Seguirá empleando las bases del Sisbén para girar transferencias a hogares en pobreza extrema y moderada.
• Devolución del IVA: Conservará sus criterios actuales de selección mediante la información registrada en el sistema.
• Colombia Mayor: Continuará apoyando a los adultos mayores que cumplan los requisitos de vulnerabilidad en la plataforma actual.
• Subsidios de vivienda y educación: Mantendrán los umbrales de corte definidos por el DNP para delimitar el acceso a los beneficios.

Orientaciones para los hogares inscritos en el sistema

Las entidades gubernamentales sugieren a la población mantener actualizados los datos registrados en las fichas del Sisbén mientras concluye la implementación definitiva del RUI. Ante eventuales cambios en la composición del grupo familiar, la dirección de residencia o las fuentes de empleo, los ciudadanos deben acudir a las dependencias municipales para reportar las novedades.

Las personas interesadas en verificar el estado de su registro pueden efectuar la consulta en la plataforma oficial del sistema de identificación de beneficiarios utilizando su documento de identidad. Los trámites vinculados a la clasificación socioeconómica son totalmente gratuitos y no exigen intermediarios.

Para dar seguimiento a los avances normativos de este borrador de decreto, la ciudadanía puede mantenerse informada mediante los canales oficiales del Estado y los reportes de medios económicos nacionales.