Una operación militar a gran escala en el estado Apure dejó un saldo preliminar de 19 fallecidos en las filas insurgentes. Analistas de seguridad evalúan el posible cambio de postura de las fuerzas venezolanas frente a los grupos irregulares en la frontera con Colombia.

El reciente operativo aéreo ejecutado por las fuerzas militares venezolanas en el estado Apure ha marcado un punto de inflexión en la dinámica de seguridad fronteriza. Según los reportes recopilados por organizaciones no gubernamentales, la ofensiva tuvo como objetivo campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector de Buena Vista del Meta, ubicado en el municipio Pedro Camejo, una zona limítrofe con territorio colombiano.

Los datos preliminares aportados por Juan Francisco García, coordinador en Apure de la organización Fundaredes, indican el fallecimiento de al menos 19 presuntos integrantes del grupo armado irregular. De acuerdo con esta fuente, nueve de los cuerpos fueron trasladados a la capital regional, San Fernando de Apure, para los procedimientos de identificación forense a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), mientras que otros diez permanecieron inicialmente en el área del conflicto.

Un posible giro en la doctrina militar venezolana

Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, calificó la intervención como una operación de gran envergadura. En sus declaraciones recogidas por medios regionales y por el diario colombiano El Espectador, la especialista subrayó que la cifra de bajas podría ser superior, dada la opacidad oficial que suele rodear estos despliegues en las zonas rurales del país.

Para la analista, este ataque sugiere una modificación sustancial en la estrategia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que durante años mantuvo una postura percibida como pasiva o tolerante ante la presencia de guerrillas colombianas en suelo venezolano. El bombardeo en Apure se suma a otro operativo relevante registrado meses atrás en el estado Bolívar, específicamente en la mina Brisas del Kuyuní (Las Claritas), donde una acción conjunta con apoyo estadounidense estuvo dirigida contra la cúpula de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua.

Principales consecuencias previstas en la frontera

El análisis de los especialistas en seguridad e inteligencia destaca tres efectos directos derivados de esta ofensiva armada en el eje fronterizo:

• Riesgo de desplazamiento forzado: el temor a nuevos enfrentamientos entre los cuerpos castrenses y las facciones insurgentes podría provocar el éxodo de comunidades locales hacia otras regiones o hacia Colombia.
• Posibles represalias contra civiles: existe preocupación por la respuesta del ELN, organización que ejerce un férreo control social y económico mediante la extorsión en el eje comprendido entre Arauca y Apure.
• Incremento de la tensión bilateral: la presión militar ejercida desde Colombia contra los grupos irregulares obliga a estas estructuras a buscar refugio al otro lado de la línea limítrofe, alterando el equilibrio de seguridad regional.

Presencia territorial y control social del ELN en Venezuela

El grupo insurgente ha consolidado su influencia más allá de las demarcaciones fronterizas tradicionales como Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, extendiendo sus redes hacia estados del interior venezolano como Bolívar, Barinas, Anzoátegui y Guárico. Investigaciones realizadas por el centro de análisis InSight Crime documentan la presencia activa de esta guerrilla en al menos ocho entidades federales de Venezuela.

De acuerdo con los informes de dicha institución, en el año 2022 se registraron acciones convergentes entre efectivos militares venezolanos y el ELN para expulsar de Apure al Frente 10 de las disidencias de las FARC. Aquel repliegue permitió a la guerrilla elenista asumir el dominio de rutas estratégicas e instaurar un orden paralelo en diversas localidades, actuando como autoridad de facto en la resolución de disputas comunitarias.

En esta misma región opera Gustavo Aníbal Giraldo, conocido bajo el alias de «Pablito», identificado como el comandante principal del Frente de Guerra Oriental. Este dirigente cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol desde 2018 por múltiples delitos transnacionales y ha sido señalado por investigadores como una figura clave de enlace en la zona.

Reconfiguración política y demandas de protección civil

El bombardeo se produce en un escenario político complejo y cambiante tanto en Caracas como en Bogotá. Según el análisis citado en el reporte original, los recientes cambios en la cúpula del poder en Venezuela a inicios de 2026, con la administración encabezada por Delcy Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro, abren interrogantes sobre la continuidad de las alianzas tácticas que existían previamente con los grupos armados irregulares.

Ante este panorama de incertidumbre, defensores de derechos humanos insisten en la urgencia de restablecer los mecanismos de coordinación militar y diplomática entre Venezuela y Colombia. Asimismo, exhortan a las autoridades a reforzar el patrullaje fluvial en los ríos limítrofes y a implementar protocolos de seguridad que garanticen la integridad física de la población civil, históricamente vulnerable ante la violencia de los actores armados en la frontera.