La defensa de la exdirectora del Dapre prepara una acción legal formal para detallar presuntas irregularidades en la contratación estatal durante el gobierno de Gustavo Petro. El documento aportará identidades clave dentro del proceso penal que adelanta el ente acusador.

El proceso investigativo sobre presuntas anomalías administrativas y direccionamiento de contratos públicos durante el mandato del expresidente Gustavo Petro avanza hacia una nueva etapa procesal. El equipo jurídico de Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), prepara la radicación de una denuncia formal que incluirá un listado con nombres de mujeres presuntamente instrumentalizadas para la entrega de órdenes de prestación de servicios en diversas entidades del Estado.

Según la información preliminar conocida sobre el caso, esta actuación jurídica tiene como propósito documentar cómo habrían operado ciertos mecanismos de vinculación laboral y contractual al interior del Ejecutivo. La entrega de estos datos se suma a las indagaciones que buscan esclarecer si existieron condicionamientos indebidos o abusos de poder en la asignación de recursos públicos.

El expediente penal en la Fiscalía General de la Nación

La documentación preparada por la representación legal de Rodríguez se integrará al expediente abierto el 23 de octubre de 2026 por la Fiscalía General de la Nación. Esta investigación fue asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien cuenta con el respaldo técnico de un grupo especial de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios.

El objetivo central de las autoridades judiciales consiste en verificar la posible configuración de delitos contra la administración pública y determinar si operó una red dedicada al favorecimiento contractual desde la Casa de Nariño y otras dependencias gubernamentales. En este tipo de actuaciones, el rigor probatorio y el análisis de los expertos en derecho penal y contratación estatal resultan determinantes para establecer eventuales responsabilidades individuales, respetando en todo momento la presunción de inocencia de los involucrados.

Citaciones a exfuncionarios de alto nivel y testigos clave

Como parte del programa metodológico definido por el ente investigador, el vicefiscal general, Gabriel Javier Guerrero, ratificó la puesta en marcha de las primeras diligencias judiciales. Entre las órdenes emitidas destacan las citaciones para rendir declaración jurada dirigidas a figuras que ocuparon cargos estratégicos en el entorno presidencial anterior.

Dentro del grupo de personas llamadas a comparecer se encuentran importantes exfuncionarios y testigos:

• Angie Rodríguez: exdirectora del Dapre, quien además de comparecer aportará la mencionada lista a través de su defensa técnica.
• Laura Sarabia: también exdirectora de la misma entidad presidencial, citada para explicar los procedimientos administrativos implementados durante su gestión.
• Exaltos mandos ministeriales: funcionarios que tuvieron competencias directas o indirectas en la supervisión y firma de convenios estatales.
• Deicy Jiménez: ciudadana convocada tras realizar señalamientos públicos sobre la adjudicación de contratos en el Dapre.

Señalamientos sobre reuniones privadas y contratación

Uno de los ejes que motiva la intervención judicial parte de las declaraciones entregadas por Deicy Jiménez, de acuerdo con lo reportado inicialmente por el medio Pulzo. En dichos relatos se hace referencia a la presunta obtención de contratos estatales mediante vínculos personales y supuestos intercambios de favores con el entonces jefe de Estado.

Adicionalmente, los investigadores indagan sobre la realización de encuentros privados y eventos de carácter no oficial dentro de las instalaciones de la sede presidencial, espacios donde presuntamente se habrían gestionado o acordado estas vinculaciones mediante órdenes de prestación de servicios. La verificación de las bitácoras de ingreso a la Casa de Nariño, junto con la trazabilidad en el sistema electrónico de contratación pública, serán piezas fundamentales para que los fiscales del caso contrasten la veracidad de los testimonios recaudados en esta fase de indagación.